La Comunidad de Madrid fue en 2018, comparándola con el resto de las CCAA, la primera en cuanto a crecimiento de PIB, un 3,7%, y alcanzó los 34.916 euros de renta per cápita, muy por encima de los 25.854 de la media a nivel nacional.
Además, según previsiones para el año 2019, el PIB de la Comunidad de Madrid se sitúa en un 2.8%, esta positiva evolución procede fundamentalmente del dinamismo del sector servicios, que experimentó una notable aceleración sobre todo en las ramas de mercado y en menor medida en la construcción.
Sin embargo, la riqueza existente y generada en la Comunidad Autónoma no se está traduciendo en la reducción de las desigualdades existentes, ni tampoco para disminuir, de manera significativa, las elevadas tasas de pobreza y de exclusión social existentes en la Región. Pobreza que afectan gravemente a un elevado número de personas, menores y también personas mayores con escasos recursos.
Es más, la crisis económica, que ha generado grandes bolsas de pobreza que afecta a una elevada tasa de la población. En la actualidad, en torno al 20% de la población de la Comunidad de Madrid, uno de cada 5, está en riesgo de exclusión social, tal y como alertan, al igual que lo hace UGT, otros organismos y organizaciones de elevado prestigio social.
Desde UGT denunciamos además que la riqueza de nuestra Comunidad Autónoma tampoco está sirviendo para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, ni tampoco para mejorar de manera significativa las retribuciones salariales de amplias capas de población asalariada que tienen empleos precarios y mal retribuidos.
La realidad es que hoy, el número total de parados en la Comunidad de Madrid es de 364.600 personas (segundo trimestre de 2019) lo que representa una tasa de paro que se eleva al 10´54%, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa de paro femenino es de 11´32% y la tasa de paro juvenil se sitúa en 29´26%.
Por otra parte, de los 250.627 contratos formalizados en junio de 2019, 213.898 fueron temporales y tan sólo 36.729 fueron indefinidos. Datos que muestran el uso excesivo de la contratación temporal y donde se concentra los abusos y el fraude que se traduce para los trabajadores y trabajadoras en explotación laboral
A estos datos de temporalidad hay que añadir que existe un 40% de contratos a tiempo parcial y que un 30% duran menos de 1 mes.
La altísima tasa de temporalidad que se registra en Madrid y en España demuestran que es necesario abordar cuanto antes una reforma de la legislación en materia de contratación, defendiendo de forma más clara en qué circunstancias es admisible la contratación temporal y cuáles no, articulando un sistema de sanciones realmente disuasorio de estas prácticas ilegales.
UGT considera que es responsabilidad del Gobierno Regional, mediante la puesta en marcha de medidas económicas, la reducción de la desigualdad social que existe en la Comunidad de Madrid, al igual que la de reducir las desigualdades existentes en términos territoriales del conjunto de la Comunidad Autónoma.
Tampoco consideramos que, en la actual situación y coyuntura, la prioridad del Gobierno regional sea la de reducir los impuestos a los que, por sus niveles de renta, gozan de una situación privilegiada si lo comparamos con las penurias que sufren muchos ciudadanos que difícilmente llegan con sus ingresos a final de mes.
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